La decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de reservar por cinco años la información sobre las comunicaciones entre México y Estados Unidos en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, generó cuestionamientos sobre el acceso público a este tipo de expedientes.
Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, defendió la medida al señalar que responde a razones de seguridad nacional y soberanía, y aclaró que esto no significa que se proteja a nadie, ya que el proceso judicial continúa su curso, según lo informado por la Fiscalía.
Para el ciudadano común, este tipo de reservas implica que la información específica sobre las comunicaciones diplomáticas no será pública durante el periodo señalado, aunque el proceso legal contra los señalados no se detiene por ello.
Sandoval Flores subrayó que cualquier acusación en este tipo de casos debe sustentarse con pruebas suficientes antes de que alguien pueda ser procesado, en referencia a los estándares que, dijo, deben respetarse en cualquier investigación.
El legislador también relacionó este tema con el caso de la captura de «El Mayo» Zambada, exigiendo que Estados Unidos aclare la presunta participación del FBI, un asunto que, según dijo, también compromete la soberanía nacional.
Estos casos seguirán bajo escrutinio público en los próximos meses, mientras las autoridades competentes de ambos países definen qué información podrá conocerse y en qué momento.